Si la verdad es la primera víctima de la guerra, el derecho internacional es la segunda. La cascada de acontecimientos que vivimos desde el 11 de septiembre es la mejor prueba de ello.

Los atentados de Nueva York y Washington fueron mucho más que un ataque terrorista, fueron un crimen contra la humanidad. EEUU prefiere quedarse con la calificación, menos dura, de acto terrorista porque los acusados de crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados por un tribunal ad hoc creado por las Naciones Unidas, como los de Ruanda y ex-Yugoslavia. Además, es bien conocida la aversión que despierta en la administración norteamericana la creación de la futura Corte Penal Internacional permanente, cuyo estatuto no ha ratificado.

La Carta de las Naciones Unidas permite el uso de la fuerza en legítima defensa y con la autorización del Consejo de Seguridad. Legitima defensa no debe ser confundida con venganza, que EEUU tenga derecho a responder a los ataques sufridos no quiere decir que tenga carta blanca para hacer lo que desee. La transgresión del derecho por una de las partes no exime a la otra de su cumplimiento. El derecho internacional humanitario (DIH) regula la guerra y define qué métodos y objetivos son legítimos y cuáles ilegales.

Los bombardeos masivos e indiscriminados, el minado desde el aire, la destrucción de edificios civiles, almacenes de ayuda humanitaria, hospitales, escuelas y lugares de culto están expresamente prohibidos por el DIH. La acción militar aliada contra Afganistán viola a diario y sin miramientos estos principios elementales.

Por supuesto, también infringen la ley los talibán y las fuerzas de la alianza que se les oponen. Entre los dos grupos sólo hay una diferencia de tiempo. Los talibán hace siete años y los muyahidín hace casi un cuarto de siglo que matan civiles inocentes, torturan, ejecutan prisioneros sin juicio, alistan niños en sus filas, desplazan por la fuerza a la población, saquean ciudades y quebrantan los derechos humanos fundamentales.

Los países vecinos de Afganistán, con el beneplácito de los gobiernos occidentales, mantienen cerradas las fronteras desde el comienzo del conflicto para impedir la salida de los atemorizados y hambrientos afganos. Una práctica inmoral que infringe impunemente el derecho de las personas a escapar de la guerra y el derecho de acceso a las víctimas que el DIH reconoce a las organizaciones humanitarias.

Se trafica con el derecho. A cambio de apoyo político a la operación militar, los países occidentales ignoran, e incluso justifican, la sistemática violación de los derechos humanos en Chechenia, China, Pakistán, Irán, Israel y Arabia Saudita, entre otros.

Se culpabiliza al derecho. Muchos países están promulgando nuevas leyes antiterroristas que recortan nuestras libertades básicas y nos convierten a todos en presuntos culpables. Los gobernantes responden al terrorismo modificando la ley como si el derecho fuera el causante de la violencia. Estamos ante una maniobra política global que aprovecha la paranoia colectiva para eludir responsabilidades, suprimir libertades y acumular poder.

Y, lo peor de todo, es que son muy pocos los que denuncian estos ultrajes al derecho y menos aún los que les escuchan. No nos engañemos, el derecho no ha fallado, lo que falla es su aplicación, lo que ha falla es la política.

Jordi Raich
Analista de Médicos Sin Fronteras